La Seguridad Nacional en México: ¿Proyecto de Nación o administración del desorden?

¿México tiene Proyecto de Nación… o solo administra el desorden?

La seguridad nacional volvió al centro del debate público. Declaraciones internacionales, tensiones geopolíticas, crimen organizado transnacional y propuestas —bien intencionadas o no— como la idea de una política criminal unificada para América del Norte, obligan a formular una pregunta incómoda, pero inevitable:

¿México realmente tiene un Proyecto de Nación?

Hace algunos días comenté públicamente una propuesta impulsada desde la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en voz de su presidente, que plantea la conveniencia de avanzar hacia esquemas comunes de política criminal regional. Lo sostengo hoy con mayor claridad: se trata de una discusión seria que merece análisis profundo, no consignas, no ocurrencias ni respuestas superficiales.

Sin embargo, ese debate abre otro todavía más relevante: antes de pensar en integrarnos a modelos externos, ¿tenemos claros nuestros intereses nacionales, nuestras aspiraciones y nuestros objetivos como Estado?

Un país dividido en dos realidades

El reciente caso de la detención de Nicolás Maduro puso en evidencia lo que muchos negamos: México es un país políticamente dividido, con realidades paralelas. Unos celebran la detención como un acto legítimo de justicia internacional; otros se oponen y desconfían de la intervención de potencias externas. Los pronunciamientos de los partidos políticos revelan dos visiones del mundo que coexisten, pero no se comunican: una que impulsa soberanía y derecho, y otra que instrumentaliza la seguridad como bandera política.

Esa división no es anecdótica —es estructural— y tiene consecuencias directas en cómo se concibe la seguridad nacional.

 

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México: polarización interna y ausencia de proyecto común

El debate internacional por la detención de Nicolás Maduro no solo evidenció tensiones geopolíticas; expuso, con crudeza, la fractura interna del país. México reaccionó dividido: mientras algunos partidos celebraron la caída de una narcodictadura como una lección regional, otros cerraron filas en torno a una narrativa de soberanía formal y no intervención, evitando incluso pronunciarse sobre la captura del propio Maduro.

El resultado no fue una postura de Estado, sino un mosaico de comunicados partidistas que reflejan un país partido en dos: "pobres¨ contra "ricos", “pueblo bueno” contra “derecha fascista”, consignas que se gritan desde trincheras ideológicas mientras amplios sectores permanecen en el desinterés absoluto. En medio de esa disputa retórica, el campo sigue abandonado, la inversión se estanca, la educación retrocede y la seguridad pública se administra como emergencia permanente.

No hay síntesis nacional, no hay visión compartida, no hay proyecto común: hay narrativa, polarización y vacío estratégico.

No lo pregunto desde la teoría

No lo pregunto desde la teoría, ni desde la comodidad del sillón, y mucho menos desde el café político donde se opina con ligereza sobre asuntos que nunca se han enfrentado desde el Estado. Hablo desde la experiencia real, desde las entrañas de las instituciones y desde la responsabilidad que implica tomar decisiones cuando el costo no es mediático, sino humano, jurídico y político.

Como funcionario público federal, trabajé en áreas de inteligencia y seguridad, y fui Agente del Ministerio Público Federal especializado en el combate al narcotráfico, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud (FEADS) de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Ahí no se teoriza: se investiga, se decide y se asume el riesgo.

Cuento con estudios formales en Seguridad Nacional, cursados en el marco del Diplomado en Seguridad Nacional y Escenarios Estratégicos, organizado por el entonces CISEN, en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), cuando la seguridad nacional aún se concebía como un asunto de Estado y no como un eslogan de coyuntura.

Desde la academia, he estudiado y escrito estos temas con rigor: soy autor del libro Seguridad Nacional en México. Interferencias y Vulnerabilidades y coautor del libro Derecho Militar, ambos publicados por Editorial Porrúa. No son textos de aplauso ni de moda: son diagnósticos incómodos sobre un Estado que prefiere reaccionar antes que planear.

En 2009, como Profesor Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), fui invitado por el Senador Javier Corral Jurado, entonces Diputado Federal y Presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, a participar en reuniones de trabajo y audiencias públicas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, dentro del proceso de análisis y revisión de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2013, fui invitado por el entonces Senador de la República y Presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, a participar en el Senado de la República como experto en Justicia Militar, otro de los temas históricamente tratados con temor político y superficialidad técnica.

En todos esos espacios quedó expuesto un diagnóstico que nadie ha querido corregir y que hoy sigue costándonos caro:

• México confunde deliberadamente seguridad nacional con seguridad pública.

• México vive reaccionando, porque nunca se atrevió a planear.

• México administra crisis, pero no construye poder nacional.

Lo demás —discursos, conferencias, cifras selectivas y patriotismo de ocasión— es simulación. Y la simulación, en materia de seguridad nacional, siempre termina cobrando la factura.

No escribo esto desde la marginalidad ni desde la exclusión personal. He intentado, en distintos momentos, participar directamente en la construcción legislativa del país, incluso buscando el respaldo ciudadano para ocupar un cargo de representación popular. No lo logré. Y no lo digo como queja, sino como diagnóstico: el sistema político mexicano no premia la experiencia incómoda ni la reflexión estratégica; premia la lealtad, la narrativa y la docilidad. Quizá por eso seguimos discutiendo personas y coyunturas, pero no proyectos de nación.

Seguridad nacional: mucho más que policías, uniformes y conferencias

La seguridad nacional no es militarismo, ni vigilancia policial, ni discursos de coyuntura, ni ruedas de prensa bien producidas. Es un concepto político, integral y estratégico, que atraviesa lo económico, lo social, lo cultural y lo institucional. Es la capacidad real del Estado para proteger sus intereses vitales, críticos y estratégicos, hoy y a largo plazo.

Cuando un país carece de una doctrina clara de seguridad nacional, lo que sigue es predecible: políticas sexenales, improvisación institucional, dependencia externa, erosión del poder del Estado y una soberanía cada vez más frágil, aunque se jure lo contrario desde el micrófono.

Estrategias de seguridad pública y realidades fracturadas

Las estrategias de seguridad pública —incluidas las impulsadas desde el centro del poder político y ejecutadas por aparatos operativos eficaces— pueden mostrar control táctico, reducción de ciertos delitos o capacidad de reacción. Pero la seguridad nacional no se agota en la eficacia policial. Sin un proyecto nacional claro, incluso las mejores estrategias de seguridad pública se convierten en paliativos temporales, no en soluciones estructurales.

Proyecto de Nación, intereses nacionales y poder nacional

Toda Nación manifiesta sus intereses y aspiraciones a través de un proyecto nacional. En el caso mexicano, ese proyecto debería encontrarse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y materializarse mediante políticas públicas coherentes, planeación estratégica de largo plazo y un uso racional del Poder Nacional en todos sus campos: político, económico, social, cultural y militar.

La seguridad nacional es, en esencia, la confianza de la sociedad en que el Estado posee la capacidad y la voluntad de defender ese proyecto frente a amenazas internas y externas. No existe una definición eterna de seguridad nacional; el concepto se adapta a cada momento histórico. Lo que no cambia es su finalidad: preservar la existencia del Estado-Nación.

Cuando el poder nacional se debilita —por desigualdad económica, corrupción estructural, impunidad sistemática, captura institucional, deterioro educativo o fractura social— la seguridad nacional se erosiona, aunque se desplieguen más policías, más soldados o más propaganda.

La Cuarta Transformación y la narrativa del “Proyecto de Nación”

Desde el discurso oficial, el movimiento político conocido como la Cuarta Transformación sostiene que México sí cuenta con un Proyecto de Nación. Así lo ha planteado Morena en documentos, plataformas y posicionamientos públicos, presentándolo como una transformación histórica equiparable a la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Ese proyecto —según su propia narrativa— descansa en ejes como la justicia social, el combate a la corrupción, la austeridad republicana, la ampliación de programas sociales y la reivindicación del papel del Estado frente a los excesos del pasado. Para sus promotores, no se trata únicamente de un programa de gobierno, sino de una visión histórica de país.

El problema no es la existencia de una narrativa. El problema es confundir narrativa política con proyecto estratégico de Estado.

Un verdadero Proyecto de Nación no se agota en documentos partidistas, consignas históricas ni movilización simbólica. Exige doctrina, planeación estratégica de largo plazo, claridad sobre intereses nacionales, definición de prioridades y una articulación coherente del poder nacional en todos sus campos. Exige, además, mecanismos de evaluación, continuidad institucional y una lógica que trascienda al gobierno en turno.

Ahí es donde surge la contradicción central: mientras el discurso de la Cuarta Transformación afirma la existencia de un Proyecto de Nación, en la práctica el Estado mexicano sigue operando sin una doctrina clara de seguridad nacional, sin una visión estratégica integral y con políticas públicas fragmentadas, reactivas y sexenales.

Incluso voces críticas dentro del propio espectro progresista han advertido que no basta con reivindicar causas históricas o sociales si no existe una arquitectura institucional capaz de sostenerlas en el tiempo. Sin estrategia, la transformación se vuelve retórica. Sin planeación, el proyecto se reduce a administración política del conflicto.

Por eso la pregunta no es si existe un documento llamado “Proyecto de Nación”. La pregunta es si México cuenta —realmente— con un proyecto de Estado capaz de proteger sus intereses vitales, construir poder nacional y garantizar su viabilidad como Nación en un entorno internacional cada vez más hostil.

Narcotráfico, crimen organizado y el error histórico

El narcotráfico y el crimen organizado representan, sin duda, amenazas graves a la seguridad nacional. Pero la llamada “guerra contra las drogas” desvirtuó los intereses, objetivos y aspiraciones nacionales, reduciendo la seguridad nacional a una lógica reactiva, policiaca y militarizada.

El resultado fue un Estado más coercitivo, pero no más fuerte; más vigilante, pero no más soberano; más presente en las calles, pero más ausente en la planeación estratégica.

La agenda de riesgos de la seguridad nacional debe ir mucho más allá: modelo de desarrollo, política económica, educación, medios de comunicación, cohesión social, cultura política, corrupción de élites, impunidad de cuello blanco, captura territorial del poder y desesperanza de millones de jóvenes.

La Ley de Seguridad Nacional: un esfuerzo que se quedó corto

El análisis de la minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional permitió advertir deficiencias estructurales: definiciones ambiguas, confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, ausencia de una doctrina integral y una visión limitada a amenazas delincuenciales inmediatas.

Una verdadera Ley de Seguridad Nacional debe partir del artículo 26 constitucional, considerar de manera expresa los cuatro campos del poder nacional, y establecer una doctrina clara, democrática y ajena a los intereses políticos de quien ocupe temporalmente el Poder Ejecutivo.

Incluso resulta indispensable discutir, con seriedad, la necesidad de una Ley de Inteligencia Nacional y de un marco jurídico específico que otorgue certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas y de las instituciones civiles de seguridad, sin violentar el federalismo ni los derechos humanos.

Cuando la Seguridad Nacional se reduce a narrativa

El mayor riesgo que enfrenta hoy México no es únicamente el crimen organizado, ni la violencia visible, ni siquiera la presión internacional. El mayor riesgo es haber normalizado la ausencia de pensamiento estratégico.

Cuando la seguridad nacional se convierte en narrativa política, en herramienta de control mediático o en cifra administrativa, deja de ser seguridad nacional y se transforma en propaganda. Y un Estado que confunde propaganda con poder se debilita desde dentro, aunque se autoproclame fuerte.

No hay estrategia de seguridad pública —por eficaz que sea— que sustituya una doctrina de seguridad nacional. No hay coordinación policial que supla la ausencia de intereses nacionales claramente definidos. No hay liderazgo político que resista indefinidamente sin proyecto de nación.

El costo de no decidir

Los Estados que no definen sus intereses terminan defendiendo los de otros. Los países que no construyen poder nacional acaban subordinándose al poder ajeno. Y las naciones que renuncian a pensar estratégicamente terminan reaccionando siempre tarde. México no puede seguir aplazando esta discusión. No por ideología. No por coyuntura. Sino por supervivencia institucional.

La seguridad nacional no se improvisa. No se decreta. No se hereda sexenalmente. Se construye, se planifica y se defiende.

Advertencia final

Si el sistema político mexicano no es capaz de reformarse, de asumir una visión de largo plazo y de articular un verdadero proyecto nacional, los avances aparentes se revertirán. No por conspiraciones externas, sino por erosión interna.

Un Estado sin doctrina de seguridad nacional es un Estado vulnerable. Un Estado sin poder nacional equilibrado es un Estado dependiente. Un Estado sin proyecto de nación es, tarde o temprano, un Estado en riesgo.

La Constitución debería ser el Proyecto de Nación. El poder nacional, su instrumento. Y la seguridad nacional, su condición de posibilidad.

Lo demás —por más elegante que suene— sigue siendo administrar el desorden.

Y la historia demuestra que los países que se conforman con eso siempre pagan el precio.

 

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